Fiscalía solicita juicio oral contra abogada Zully Ortiz por coacción a periodista

La Fiscalía presentó un requerimiento conclusivo solicitando la elevación a juicio oral de la abogada Zully Ortiz, acusada de los supuestos delitos de coacción y amenaza contra el periodista Carlos Benítez. El pedido fue presentado ante el juzgado a cargo del magistrado José Agustín Delmás, quien deberá recibir formalmente la solicitud, ponerla a disposición de las defensas y fijar fecha para la audiencia preliminar.

La denuncia del periodista

Según detalla la acusación fiscal, el 23 de setiembre de 2025, el periodista Carlos Benítez presentó una denuncia formal en la que expuso que desde octubre de 2024 venía realizando trabajos periodísticos relacionados con la denominada 'mafia de los pagarés', y que como consecuencia de esas investigaciones se había convertido en objeto de persecución.

El caso escaló significativamente cuando, el 18 de setiembre de 2025, la vivienda del comunicador fue atacada con arma de fuego. Desconocidos efectuaron varios disparos contra la muralla y la puerta principal de su domicilio, un hecho que el denunciante vinculó directamente con su trabajo periodístico.

Benítez relacionó estos ataques con una persona oculta tras un perfil de Facebook bajo el nombre de Luis Alberto Quintana. Desde esa cuenta, según consta en la denuncia, se habría difundido la versión de que el ataque armado constituía un 'autoatentado' dirigido contra el periodista y su equipo de trabajo.

Campaña de hostigamiento en redes sociales

El periodista refirió en su denuncia que durante los tres meses previos al ataque armado fue objeto de una campaña sistemática de hostigamiento que incluyó amenazas, intentos de desmoralización, persecución, mensajes de odio e invasión a su vida privada. Esta campaña se desarrolló principalmente en redes sociales como Facebook, Instagram y X (antes Twitter), desde cuentas anónimas o falsas.

El hostigamiento se intensificaba especialmente durante las transmisiones en vivo del programa conducido por Benítez en el medio El Observador, del cual es director.

La investigación fiscal

A partir de los escritos presentados como prueba y el análisis de las publicaciones en redes sociales, la Fiscalía logró identificar a Evelin Paredes, pareja de Luis Alberto Quintana, como la persona que escribía los mensajes amenazantes. Según la acusación, Paredes actuó en connivencia con la abogada Zully Ortiz, quien es su amiga y vecina.

La fiscala a cargo del caso estableció en su acusación que 'se pudo inferir que la señora Evelin Paredes mantiene una relación de amistad con la Abg. Zully Ortiz, sobre quien pesa dos imputaciones y una acusación fiscal, relacionadas con el caso mafia de pagarés (caso seguido por el señor Carlos Benítez, en su carácter de periodista y director del medio El Observador)'.

El documento fiscal detalla además que 'la Abg. Zully Ortiz, en varias ocasiones, asistió jurídicamente a Evelin Paredes, por lo que su relación también abarcó el ámbito profesional coincidentemente relacionado con el caso que nos ocupa'.

Acusación formal

Con base en los elementos reunidos durante la investigación, el Ministerio Público acusó formalmente a Zully Ortiz y Evelin Paredes de los supuestos delitos de coacción y amenaza de hechos punibles. La coacción, en términos legales, se refiere al uso de violencia o intimidación para obligar a una persona a hacer o dejar de hacer algo contra su voluntad.

La presentación del requerimiento conclusivo marca el final de la etapa de investigación y el pedido formal de que el caso avance a la fase de juicio oral y público, donde un tribunal deberá determinar la culpabilidad o inocencia de las acusadas.

Contexto del caso

El caso se enmarca en el contexto de las investigaciones periodísticas sobre la denominada 'mafia de los pagarés', un esquema de corrupción que involucra presuntamente el uso fraudulento de documentos de pago. La abogada Zully Ortiz ya enfrenta otras dos imputaciones y una acusación fiscal relacionadas con este mismo caso, según consta en el expediente.

El ataque a la integridad y seguridad de periodistas que investigan casos de corrupción representa una preocupación en materia de libertad de prensa y seguridad profesional. Este tipo de intimidaciones pueden generar efectos no solo sobre la víctima directa, sino también sobre el ejercicio del periodismo de investigación en general.

Ahora corresponderá al magistrado José Agustín Delmás analizar el requerimiento conclusivo presentado por la Fiscalía, ponerlo a disposición de las defensas de las acusadas y convocar a una audiencia preliminar, instancia en la que se determinará si existen elementos suficientes para ordenar la apertura del juicio oral.